Publicada la Ley de Contratos del Sector Público, que incluye medidas a favor de la Economía Social

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El Cooperativismo está a la expectativa de la implementación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada el 19/10/17, al incluir cambios normativos a favor de pymes y Economía Social, que contribuirán a generar riqueza, empleo estable, cohesión social y territorial.

Lei 9/2017 de Contratos del Sector Público, publicada no BOE o 8/11/17

 

 

Las organizaciones representativas del sector a nivel estatal y autonómico esperan que favorezca el aumento de contrataciones con el cooperativismo, especialmente en el de trabajo, que actualmente se encuentra infrarrepresentado en relación a su aporte al PIB.

Organizaciones del sector como por ejemplo, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) están estudiando con detenimiento las posibilidades prácticas que tendrá para las cooperativas de trabajo la Ley de Contratación Pública aprobada en el Congreso de los Diputados y Diputadas.

La aprobación de esta Ley, proveniente de la transposición de una Directiva Comunitaria de 2014, con enmiendas a favor de la Economía Social propuestas por la Confederación Española de la Economía Social (CEPES), deberá servir para transformar la contratación pública, al primar en ella criterios sociales y medioambientales.

“Este importante nuevo marco jurídico permitirá a los poderes públicos gestionar de una manera más eficiente y corresponsable, desde el punto de vista del interés público y de la racionalización económica, los presupuestos públicos destinados la contratación pública, que supone cerca del 20% del PIB nacional”, explica Juan Antonio Pedreño,  presidente de CEPES.

Sin embargo, está por ver cómo se implementará la normativa. “Confiamos en la implementación óptima de esta norma por parte de todas las Administraciones Públicas”, agrega Pedreño. “Las empresas y entidades de la Economía Social se encuentran actualmente infrarrepresentadas en la contratación pública, siendo el porcentaje de contratos públicos adjudicados a la Economía Social muy escaso en relación con su peso real en el PIB y en la creación de empleo”.

Las empresas de Economía Social, cuya familia más grande se corresponde con las cooperativas de trabajo asociado, representa en España el 12,5% del empleo, con una facturación en torno al 10% del PIB.

Especificidades de la Ley

La nueva Ley contempla que se promueva el acceso a la contratación pública para las empresas de Economía Social, e incorpora la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud específicamente a empresas y entidades de la Economía Social.

Entre otros temas, cambia el objetivo clásico de las contrataciones de favorecer la oferta más baja o mejor precio por el de mejor calidad-precio. Además, se han de incorporar de manera transversal, en toda contratación, criterios sociales y medioambientales; ha de solucionar los problemas surgidos por la subrogación empresarial cuando empresas de la economía social dejen de prestar sus servicios a las Administraciones.

Por otro lado, la reserva obligatoria de contratos para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo mejora sustancialmente su definición y exigencias en la nueva ley, si bien desde el cooperativismo, como apunta Coceta, se echa en falta que no se hayan incluido a las Cooperativas de Iniciativa Social, cuya actuación empresarial es similar a las incluidas.

También la nueva Ley avanza en la promoción de la equidad de género, al exigir la obligatoriedad de la existencia de planes de igualdad para las empresas de más de doscientas cincuenta personas que quieran contratar con la administración pública.

Por último, se recogen posibilidades para la inclusión de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación de los contratos o en las condiciones especiales de ejecución de los mismos; y se contempla de forma expresa que los conciertos sociales por parte de entidades privadas (regímenes de autorización o licencia) se excluyan de la ley de contratos.

CEPES valora con satisfacción los avances introducidos por esta Ley, que permitirán el uso de la contratación como una herramienta de política pública que contribuya a la generación de riqueza, empleo estable, cohesión social y territorial.

 

2017-11-10T14:58:15+00:00 23/10/2017|Espazo Coop, Noticias del cooperativismo|Sin comentarios

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